Foto: Amapola
La detención del general Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Peña Nieto, en el aeropuerto de Los Ángeles en California, causó en amplios sectores poco más que sorpresa.
No se trataba de un personaje del crimen organizado sino del militar de más alto rango hasta hace un par de años.
Los cargos que motivaron la detención se hicieron públicos casi de manera inmediata y fue por su vinculación con el crimen organizado.
En La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se desmarcó de la detención argumentando la “descomposición” de los gobiernos pasados.
La liberación del general Cienfuegos semanas después por la jueza federal a cargo del proceso criminal, causó sobresalto en México; en pocas horas el imputado por graves delitos ya podía dormir en su casa.
El propio presidente manifestó que no había ninguna investigación en contra del general en la Fiscalía General de la República, por lo tanto, Cienfuegos estaba en libertad.
El asunto no es menor por varias razones, pues AMLO le agradeció a la administración de Donald Trump la liberación del general. Desde luego que hay más preguntas que respuestas y especulaciones, sobre la liberación del militar.
El argumento de que se trata de un tema de soberanía nacional no se sostiene ni con alfileres, tomando en consideración la injerencia histórica del gobierno estadounidense en los asuntos de México.
México sin justicia y con impunidad
En el Índice Global de Impunidad 2020 publicado por la Universidad de Las Américas de Puebla, nos ubica entre los primeros 10 del mundo; el estudio retoma el concepto de impunidad de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:
«…la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.»
En lo anterior observamos una descripción de lo que sucede en México, tanto en la vía de los hechos como del derecho.
Las instituciones de justicia han fracaso rotundamente en materia de justicia en el sistema penal anterior y el nuevo acusatorio y adversarial; si bien la responsabilidad no radica en las reformas, sí en su implementación dentro de los aparatos de procuración e impartición de justicia.
El informe Impunidad en homicidio doloso en México: reporte 2019, de la organización Impunidad Cero, señala que en 2018 en promedio murieron 90 personas por ese delito, una cada 15 minutos, más de 33 mil víctimas en ese año.
La impunidad en todo el país es del 89%, y en Jalisco es del 88.5%.
Hago referencia a la impunidad en los homicidios dolosos, pero al hablar de las más de 77 mil personas que están desaparecidas sin que las autoridades den respuestas a los familiares y sociedad, el Estado mexicano enmudece, se desvanece.
El gobierno mexicano ha aceptado las peticiones de extradición de criminales que han operado en el país sin ningún obstáculo; se trata de los responsables de la violencia extrema que ha bañado de sangre a México, que ordenaron desapariciones y han convertido en una fosa clandestina todo el territorio.
También han corrompido a servidores públicos de todos loss niveles de gobierno y financiado campañas electorales.
Al Estado mexicano no le alcanzará el tiempo para enjuiciar a los capos del narcotráfico extraditados a Estados Unidos, por lo que las familias de las víctimas de homicidio, feminicidio, desaparición forzada, trata de personas, no merecen justicia ni verdad.
En el escenario actual, el general Salvador Cienfuegos es el punto de quiebre para el gobierno de la Cuarta Transformación encarnada en Andrés Manuel López Obrador, cuya bandera siempre fue erradicar la corrupción y la impunidad.
Enjuiciar al general y al resto de los militares involucrados con el crimen organizado es tarea, hasta ahora, imposible de imaginar en el país de la impunidad.
Abogado, defensor de derechos humanos y profesor universitario.
