Diputadxs de Jalisco rechaza dan pensión universal por discapacidad, pero sostienen <<pensiones doradas>>
Por: Adrián Montiel González. Foto: Cortesía MPCD. Fecha: 21 de septiembre, 2026
El Congreso de Jalisco rechazó la reforma constitucional para garantizar la pensión universal a más de 386 mil personas con alguna discapacidad, bajo el argumento de la imposibilidad presupuestal del Estado.
70 “pensiones doradas” dentro del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) representan 132 millones de pesos al año, 11 millones al mes. La suma anterior bastaría para cubrir la pensión de 6 mil 875 personas con discapacidad durante todo un año.
Alrededor del 3 de septiembre, se dio una constante presencia de personas con movilidad reducida en el Congreso de Jalisco en lo que parecía un acuerdo. Colectivos como Movimiento PCD entregaron pliegos, documentos y participaron en foros con diputadas y diputados de bancadas de oposición al Partido Movimiento Ciudadano para argumentar por qué en el gran concierto de la política de cuidados de la que se jacta ser precursor el movimiento naranja, es vital ante la sistemática obstaculización social a quienes viven con una condición física discapacitante de larga presencia, contar con una pensión universal en Jalisco.
Actualmente, la pensión es para personas de cero a los 29 años, pero a partir de los 30 y hasta los 64 en Jalisco no se otorga este derecho. A nivel federal se impulsa la pensión universal. Esta contempla 3 mil 300 pesos bimestrales a personas con discapacidad en todo el país. Jalisco, junto con otras entidades de oposición, no han aprobado la reforma.
Sin embargo, la propia administración sostiene 70 “pensiones doradas” dentro del IPEJAL gasto estimado en 132 millones de pesos al año, 11 millones al mes. La suma bastaría para cubrir la pensión de 6 mil 875 personas con discapacidad durante todo un año.
A la par que frena la cobertura social, el Congreso ha rechazado iniciativas para prohibir “pensiones doradas”. Desde hace años benefician en su mayoría a exfuncionarios con percepciones entre los 100 mil y más de 200 mil pesos mensuales.
Falta de recursos, el freno legislativo
El rechazo a la pensión universal para personas con discapacidad en el Congreso de Jalisco se debió a una brecha económica. Se estima en más de 800 millones de pesos entre la postura oficialista y la oposición.
El dictamen propuesto por los Partidos Morena, PT, Futuro, Hagamos, PRI, PAN y dos legisladores del Verde Ecologista, calculaba una aportación estatal anual de 750 millones de pesos con cargo al presupuesto estatal. La condición es si el gasto se asume con el financiamiento peso 50-50 con el gobierno federal.
La legisladora del partido Futuro, Tonantzin Cárdenas dijo que Movimiento Ciudadano tiene una estrategia de simulación y un doble discurso.
<<Por un lado, difunde políticas de inclusión,
pero por otro la realidad es que no reconoce que las personas en
una situación de discapacidad pueden agravar su situación de vida
y dignidad, sobre todo después de los 29 años>>
Para la legisladora, las personas que viven a diario con discapacidad todavía no logran una representación política digna <<que habite una situación como la que ustedes están viviendo en este momento>>, apuntó.
El diputado por el Partido Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla coincidió en que las familias necesitan ser apoyadas pues las personas en discapacidad se encuentran en un universo amplio cercano a las 400 mil personas. <<Todas estas familias tienen derecho a la inclusión>>, puntualizó.
Movimiento Ciudadano, el partido del doble discurso
La bancada del Partido Movimiento Ciudadano argumentó que el compromiso ascendería a mil 600 millones de pesos que calificó de insostenible para el presupuesto estatal. Es decir, costaría más del doble de lo presupuestado en el dictamen, habría riesgo de sobrecosto y se cuestionaron la certidumbre de los recursos federales.
La legisladora Ana Fernanda Hernández Sanmiguel dijo, tras abstenerse en la votación del dictamen para la pensión universal que MC no votó en contra del derecho de las personas con discapacidad, sino porque la iniciativa tenía problemas técnicos y financieros.
El Secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo precisó que una pensión universal requiere determinar con cuánto costaría y quiénes serían las personas beneficiarias.
De pensiones a pensiones: las 70 Pensiones Doradas
En Jalisco el IPEJAL otorga más de 70 <<pensiones doradas>> que se tratan de montos entre los cien mil y más de 218 mil pesos cobrados mensualmente al momento de jubilarse por personajes de mala praxis política que tuvieron desempeño como funcionarios y servidores públicos involucrados en señalamientos de acoso, corrupción, nepotismo.
Los perfiles privilegiados se encuentran muchos funcionarios. El ex magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) con una pensión de 208 mil 256 pesos y Alonso Godoy Pelayo, ex auditor superior del Estado de Jalisco con 198 mil 339. Además del ex alcalde de Guadalajara Eugenio Ruiz Orozco, y el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, con una pensión de 180 mil pesos respectivamente o en el año 2021 a José María «Chema» Martínez, actual diputado de MORENA, a los 49 años se le otorgó una pensión de 108 mil 414 pesos que, tras denuncias y voluntad del político <<renunció>> a la misma para seguir con actividades legislativas.
Desde hace años se cuestiona la viabilidad financiera del IPEJAL para lo que se han presentado propuestas para frenar el colapso del fondo.
Por un lado, la iniciativa impulsada por el ex gobernador Enrique Alfaro para prohibir el gasto desproporcionado de las <<pensiones doradas>>. La medida reformaría la Fracción II del artículo 70 de la Ley de Pensiones para reducir el tope máximo de jubilación de 35 a 25 salarios mínimos, es decir, 148,785 a 106,275 pesos mensuales. Se apoyó en criterios de utilidad pública de la SCJN y la CIDH para frenar 87 pensiones de exfuncionarios. En 2021, que emitió la iniciativa, las pensiones costaban más de 145.6 millones de pesos anuales. Sin embargo, la Corte rechazó la iniciativa.
Por otro lado, recientemente los legisladores Tonatiuh Bravo Padilla y Enrique Velázquez del Partido Hagamos lanzaron una propuesta para calcular la pensión sobre el promedio salarial de los últimos 10 años. Es decir, topar la aportación mensual en 70 mil pesos. Además, propusieron reestructurar el Consejo Directivo con mayor representación trabajadora. Y exigieron el aval del Congreso para enajenar inmuebles e instalar un Comité de Inversiones independiente con rigurosa rendición de cuentas.
Las voces afectadas
Paula Andrade, representante del colectivo de Personas con Discapacidad en Jalisco, advirtió que el resultado de la votación del pasado 3 de septiembre podría impactar en la vida de las personas con incapacidad. Al momento, las personas de hasta 29 años, son alrededor de 52 mil 400 personas.
<<Todas las personas que vivimos con alguna discapacidad peleamos
contra las barreras que se imponen en nuestra
cotidianidad. Pero también rememoramos las luchas
libradas a lo largo del tiempo.
Todas han tenido un avance en el reconocimiento de los
derechos humanos de las personas con discapacidad>>
Recalcó que ningún derecho es conquistado hasta que se materializa y se practica en condiciones de equidad y de igualdad en condiciones.
<<Hoy alzamos la voz para decir: ya basta de simular que Jalisco es incluyente para todas y todos. Eso es una mentira>>.
Osvaldo Márquez Rivera, representante de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, reclamó al gobernador Pablo Lemus la falta de interés por las comunidad de personas con discapacidad
<<No sé por qué se ha olvidado y no ha apoyado como lo merecemos todos: no nos están dando nada, ni nos está haciendo un favor, está obligado a firmar el convenio junto con la Federación. Simplemente no tiene sensibilidad, no tiene humanismo, y así lo ha demostrado>>.
Martín Alonso Basurto del colectivo señaló cómo todos los días sortean barreras en las calles, el transporte público y la oportunidad que no avanzó en el Congreso.
En 24 entidades se han firmado convenios de universalidad para entregar pensiones a personas de 0 a 64 años de edad. Después, continúa hasta los 64 sólo en localidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.
Los ocho estados sin convenio de pensión universal son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. En estos estados se entrega de 0 a 29 años. A partir de los 30 se otorga sólo en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.
Adrián Montiel
Periodista de investigación.
