CANCÚN.- El martes 9 de febrero, el Comité de Víctimas del 9N se manifestó frente a la Vicefiscalía General del Estado y, como cada mes desde diciembre pasado, realizaron un evento político-cultural para exigir la justicia que no llega.
En paralelo, la reportera Cecilia Solís, una de las personas que fueron heridas de bala aquel día, acudió a la mañanera en la Ciudad de México para pedir la intervención de la federación en el caso, ante la falta de avances a nivel local.
Presionada, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo emitió un comunicado en el que se informaba que se ejercitó acción penal en contra de 11 mandos policiales –el secretario, subsecretario y director de Seguridad Pública municipal, así como tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos policiacos– por su probable participación en la represión, sin embargo, era información que ya se conocía desde el 13 de diciembre de 2020.
En el boletín se informó sobre las entrevistas, dictámenes periciales y análisis de videograbaciones y de decenas de armas de fuego; de las investigaciones realizadas por el organismo, que a Javier Sotelo Nava, representante legal de las víctimas, le parecen una burla.
Texto: Ricardo Hernández Ruiz
Foto: Mar Andrea Aldana
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