Entre obstáculos y derechos: la lucha de las personas con discapacidad visual en Guadalajara
Texto y fotos por: Samantha Apecechea. Fecha: 5 de octubre, 2026
Hay calles que para algunos son solo calles. Se cruzan, se caminan, se olvidan. Para quienes no pueden verlas, en cambio, cada banqueta, cada poste mal colocado, cada automóvil estacionado donde no debería y cada camión que pasa sin detenerse puede convertirse en una pregunta.
El 25 de septiembre, esa pregunta salió a las calles.
Integrantes de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco marcharon por el Centro de Guadalajara para hacer visibles las condiciones en las que viven y las demandas que han sostenido durante años. Entre las personas que avanzaban había una mujer que sostenía un cartel con una frase sencilla: “No es limosna, es un derecho”.
La consigna resumía buena parte de lo que se estaba reclamando ese día. No se trataba únicamente de pedir ayuda para quienes viven con discapacidad visual. Se trató de señalar que acceder a una vida digna, a un ingreso, a espacios seguros y a una ciudad que puedan recorrer también forma parte de sus derechos.
Y esa diferencia, entre pedir una moneda y exigir un derecho, se vuelve más clara cuando se escucha la historia de quienes pasan sus días en las calles.
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Lourdes tiene 59 años. Es invidente y trabaja como vendedora ambulante en el Centro de Guadalajara. Un sábado por la mañana, a un costado de la Farmacia Guadalajara ubicada frente a la Catedral, sostenía entre sus manos un bastón construido con un tubo de PVC y otros materiales reciclados. A unos centímetros de ella, el ruido de los vehículos y de las personas que caminan se mezcla con las voces de quienes pasan.
Lourdes llega desde la colonia Atlas. Cada mañana emprende sola el trayecto desde su casa hasta el Centro. Utiliza distintas rutas de transporte público. Algunas personas la ayudan a subir o le indican qué camión debe tomar. Otras veces, el recorrido se vuelve más complicado.
“Caminar me gusta”, cuenta. Pero después aparece el otro lado de la frase: caminar también puede ser complicado.
Cuando los camiones están llenos, subir se vuelve difícil. Cuando alguien le indica una ruta equivocada, confiar puede convertirse en un riesgo. Lourdes cuenta que algunas personas se han aprovechado de su discapacidad visual para llevarla a lugares donde no quería estar. También le han robado el dinero que consiguió durante el día.
La historia de Lourdes permite mirar la discapacidad visual más allá del diagnóstico. Su dificultad no termina en no poder ver. Además, está la manera en que la ciudad está construida: las condiciones del transporte, la posibilidad de conseguir un ingreso. En la dependencia que puede producir necesitar que otra persona indique el camino y el riesgo de que esa persona se aproveche de ella.
Por eso, la marcha también puede leerse como una disputa por el espacio público.
No solamente por poder caminar por él, sino por poder permanecer en él, trabajar, organizarse y ser reconocidos como parte de la ciudad.
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Durante décadas, la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco convirtió una antigua casona del Centro en un espacio de encuentro. El inmueble, ubicado en Belén 457, ha funcionado como sede de la organización y centro comunitario durante más de cuatro décadas.
La propia asociación documenta que el Gobierno del Estado permitió que el inmueble cumpliera una función social desde 1980. Posteriormente se formalizó un contrato de comodato, identificado con el expediente GG/2322/94 el 4 de agosto de 1994.
En ese espacio se han realizado actividades como clases de braille, capacitación en computación y tecnologías accesibles. Además de orientación y movilidad con bastón blanco. Talleres culturales y recreativos. Talleres productivos, comedor solidario y actividades de apoyo comunitario. También funciona como alojamiento temporal o refugio de emergencia, según la solicitud presentada por la organización.
El lugar no es solamente un edificio. La organización señala que actualmente está integrada por aproximadamente 120 personas con debilidad visual o ceguera total. Para ellos la casona funciona como sede comunitaria y espacio de organización.
En mayo de 2024, más de cien personas fueron desalojadas del inmueble por una orden judicial. El desalojo dejó pertenencias, herramientas de trabajo y parte de la historia construida alrededor y dejó fuera del alcance a quienes dependían de él.
Meses después, el colectivo volvió a ocupar la casona. En abril de 2025 reabrieron sus puertas y comenzaron a organizar guardias para permanecer en ella mientras continuaba el proceso legal.
Ahora, la sede vuelve a aparecer en las demandas de la organización. Pero el problema no está únicamente en conseguir que las puertas permanezcan abiertas. También está en regularizar jurídicamente el uso del inmueble.
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En una solicitud dirigida a la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, fechada el 17 de marzo de 2026, la organización pidió la renovación, novación o formalización del comodato de la casona. El documento señala que existe un juicio de amparo indirecto, con expediente 1292/2025 promovido por el Gobierno del Estado. El 22 de agosto de 2025 se materializó una suspensión definitiva para restituir la posesión jurídica del inmueble.
La misma solicitud señala que, dentro del procedimiento civil relacionado con la controversia, la Procuraduría Social del Estado de Jalisco intervino en defensa de los intereses de la asociación.
Un incidente de nulidad de actuaciones fue admitido el 26 de agosto de 2025. Posteriormente, el 28 de enero de 2026, el órgano jurisdiccional citó a las partes para la sentencia. Al momento de la solicitud, esa sentencia estaba pendiente de emisión.
Ese es uno de los puntos en los que la historia queda detenida en la documentación disponible. Existe una ruta jurídica iniciada, pero el documento de marzo de 2026 no permite saber cuál fue la resolución posterior ni si el comodato ya fue regularizado.
Lo que sí deja claro es lo qué está solicitando la organización: certeza jurídica para que el inmueble continúe funcionando como espacio comunitario.
La propuesta presentada por la asociación plantea incluso un comodato con una vigencia proyectada de 99 años. Está sujeto a las autorizaciones correspondientes, así como cláusulas que mantengan el destino social del inmueble y establezcan condiciones para su conservación.
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A esta exigencia se suma la pensión universal para personas con discapacidad. Durante la marcha señalaron que no reciben este apoyo y reclamaron el acceso a un ingreso que les permita cubrir sus necesidades básicas.
También está la posibilidad de trabajar y desplazarse con mayor seguridad y autonomía. Para quienes salen diariamente a las calles para conseguir un ingreso, estas condiciones forman parte de una misma preocupación: poder sostener su vida sin que hacerlo implique enfrentarse constantemente a obstáculos o depender de la voluntad de otras personas.
Las demandas no son nuevas. Algunas llevan años acompañando a la organización y otras se han vuelto más urgentes a partir de lo ocurrido con la casona. El problema, entonces, no termina cuando una marcha deja de avanzar por el Centro: continúa en los trámites, en las resoluciones pendientes y en la capacidad de las instituciones para convertir las demandas en respuestas concretas.
El 25 de septiembre, esas exigencias volvieron a ocupar las calles del Centro de Guadalajara.
Y quizá el problema no sea que las personas con discapacidad visual no encuentren su lugar en Guadalajara.
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Quizá la pregunta sea otra: ¿qué ha hecho el Estado para que ellas puedan encontrarlo?
Porque lo ocurrido no es un hecho aislado. Es la expresión de demandas que llevan años esperando una respuesta: una sede cuya situación jurídica la organización busca regularizar, una pensión que, según sus integrantes, no reciben y una ciudad que sigue poniendo obstáculos para quienes la recorren a diario.
No debería corresponder a quienes viven estas barreras demostrar una y otra vez que tienen derecho a ocupar un espacio, a recibir un apoyo o a desplazarse con seguridad.
La responsabilidad también está en el Estado: en garantizar que esos derechos no dependan de salir a las calles para exigirlos.
Porque cuando una ciudad no les da un lugar a ellos, tampoco está construyendo una ciudad donde todos podamos encontrar el nuestro.
La pregunta, entonces, no es sólo dónde pueden estar las personas con discapacidad visual.
Es qué está haciendo el Estado para que puedan estar.
Samantha Apecechea
Estudiante de Sociología en la Universidad de Guadalajara, con interés en la comunicación, la cultura y los fenómenos sociales contemporáneos. Mi formación académica me ha llevado a cuestionar las formas en que construimos nuestras ideas sobre la sociedad y, especialmente, el papel que tienen los medios en ellas. Escribo desde una mirada sociológica, buscando acercarme a las historias y experiencias cotidianas para llevar esas preguntas fuera del aula y hacia la realidad que nos rodea.
