Jalisco es líder en detenciones arbitrarias a defensorxs de derechos humanos a nivel nacional
Durante presentación del informe anual de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos contra quienes los defienden, Jalisco se luce.
Por: Samantha Apecechea. Foto: Archivo. Fecha: 7 de septiembre, 2026
Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y Comité Cerezo, documentaron 36 detenciones arbitrarias contra quienes los defienden en Jalisco durante el último año.
El estado gobernador por Pablo Lemus del partido Movimiento Ciudadano ocupa el primer lugar nacional en esta categoría.
Entre junio de 2024 y mayo de 2025, ambas organizaciones documentaron 86 detenciones arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos en el país. De ellas, 36 ocurrieron en Jalisco.
Jalisco pues, ocupa el primer lugar nacional en esta categoría. De acuerdo con el informe Defender los derechos humanos en México: La esperanza se desmorona, los casos registrados en Jalisco representan 30.96 por ciento del total señalado por la organización para esta categoría.
Ambas organizaciones altamente acreditadas y experimentadas en la documentación de estas violaciones a los derechos humanos señalan que estas detenciones tuvieron como principal objetivo desarticular el ejercicio y la defensa del derecho humano a la protesta.
No se trata de todas las detenciones ocurridas en Jalisco durante ese periodo, sino de los casos que la organización documentó bajo sus propios criterios, lo que resulta más preocupante.
El dato toma otra dimensión cuando se mira el panorama nacional: Jalisco concentra la mayor cantidad de detenciones arbitrarias registradas por el Comité durante el periodo analizado.
Además de detener arbitrariamente, ejecuta a quien defiende ddhh
Las detenciones arbitrarias no son la única categoría en la que Jalisco aparece entre los primeros lugares.
Durante el mismo periodo, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos documentó 22 ejecuciones extrajudiciales, siete desapariciones forzadas y 18 eventos clasificados como otras violaciones a los derechos humanos. En total, el informe contabiliza 133 violaciones en el país.
Jalisco también aparece en los primeros lugares cuando se observan todas las violaciones documentadas. El estado registró 40 casos, seguido por Oaxaca con 17, Michoacán con 15, Querétaro con 13, y Chiapas y Ciudad de México con 12 cada uno.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, Jalisco también se encuentra entre las entidades con mayor número de casos, sólo por debajo de Oaxaca y Veracruz, de acuerdo con el informe.
Las cifras no explican por sí solas por qué Jalisco aparece una y otra vez en estos registros. Pero sí muestran que las detenciones no son un hecho aislado dentro del panorama que documentaron ambas organizaciones.
“Detención arbitraria” puede perderse entre estadísticas, gráficas y porcentajes. Para ACUDDEH y el Comité Cerezo, se trata de detenciones que carecen de fundamentos legales suficientes y que constituyen una violación a los derechos humanos.
En la mayoría de los casos documentados durante el periodo, las personas fueron liberadas. Sólo tres permanecían en prisión al momento de cerrar el registro. Además, en 74 de las 86 detenciones no se imputó ningún delito.
El impacto de la detención arbitraria
Detrás de una detención no está solamente la persona que pierde su libertad. También está la familia que tiene que buscar dónde está, la organización que se queda sin uno de sus integrantes y las personas que pueden comenzar a mirar una movilización como un riesgo.
Una detención puede interrumpir el trabajo de una organización, desgastar a una comunidad o generar miedo entre quienes participan en un mismo proceso. Por eso, hablar de estas detenciones también es hablar de las condiciones en las que las personas pueden protestar y defender otros derechos.
De acuerdo con el informe, el derecho humano a la protesta fue el principal derecho defendido por las personas que aparecen en sus registros.
El informe adquiere también otro significado este año: el Comité Cerezo cumple 25 años de trabajo.
La organización surgió en agosto de 2001, a partir de la detención y encarcelamiento de los hermanos Cerezo Contreras, y posteriormente amplió su trabajo hacia el acompañamiento y documentación de personas defensoras de derechos humanos, presas políticas y víctimas de violaciones a derechos humanos.
Durante estos años, una parte de su trabajo ha consistido en registrar quién fue detenido, dónde ocurrió, qué autoridad intervino y qué derecho defendía la persona.
Veinticinco años después, esos registros permiten observar cómo se distribuyen y concentran distintas formas de violencia contra quienes participan en procesos de defensa de derechos.
En el periodo que analiza el décimo cuarto informe, Jalisco ocupa un lugar central en ese registro: 36 detenciones arbitrarias documentadas, la cifra más alta entre las entidades del país.
La cifra no cuenta por sí sola lo que ocurrió en cada caso. Pero sí permite dimensionar que, detrás de un número que cabe en una gráfica, hubo personas que fueron privadas de su libertad por participar en procesos de protesta y defensa de derechos.
Samantha Apecechea
Estudiante de Sociología en la Universidad de Guadalajara, con interés en la comunicación, la cultura y los fenómenos sociales contemporáneos. Mi formación académica me ha llevado a cuestionar las formas en que construimos nuestras ideas sobre la sociedad y, especialmente, el papel que tienen los medios en ellas. Escribo desde una mirada sociológica, buscando acercarme a las historias y experiencias cotidianas para llevar esas preguntas fuera del aula y hacia la realidad que nos rodea.
